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Protección de datos multa con dos millones a una filial de Amazon por pedir antecedentes penales de sus trabajadores

  • La sanción se impone a raíz de una denuncia de UGT, que alertó de que Amazon Road requiría consentimiento para transferir esta información fuera del espacio económico europeo

La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de dos millones de euros a Amazon Road Transport Spain S.L., filial del gigante norteamericano del comercio electrónico en nuestro país, por recoger información relativa a los antecedentes penales de los trabajadores, una obligación que condicionaba sus contratos según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La denuncia que ha dado lugar a esta multa tiene como origen una información del sindicato UGT, que advirtió de que para la contratación de transportistas autónomos como proveedores de servicios la empresa solicita a los candidatos diversa documentación, entre la que se incluye un certificado de ausencia de antecedentes penales. Según la denuncia la empresa les informaba de que dichos datos podían ser transferidos a determinadas entidades vinculadas a la compañía y situadas fuera del espacio económico europeo, un extremo por el que no se sanciona.

Tras la investigación de este asunto, la AEPD concluye que la empresa incurre en ilicitud por infringir el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos en lo relativo al tratamiento de datos de naturaleza penal por la vía del consentimiento. La infracción se califica como muy grave.

Protección de datos penales

Según este artículo, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, lo que no ocurre en este caso.

Fuera de estos supuestos, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones, lo que tampoco ocurre con el modo de actuar de la filial de Amazon.

Adecuar la práctica a la ley

Por ello, se requiere a Amazon Road para que, en el plazo de un mes adecúe a la normativa de protección de datos personales las operaciones de tratamiento que realiza y la información que facilita a los interesados. En el mismo plazo, deberá justificar ante la Agencia que ha cumplido con este requerimiento.

De conformidad con lo establecido la Ley y dado que el importe de la sanción impuesta es superior a un millón de euros, será objeto de publicación en el BOE, y se abre plazo para que la empresa recurra ante la Audiencia Nacional.

En sus alegaciones ante la Agencia de Protección de Datos, la empresa afirmaba que no recaba estos certificados desde marzo de 2020 y que tampoco conserva los que recogió, añadiendo que dicha conservación únicamente se extendía por 60 días desde la verificación de antecedentes. Sin embargo, aportó ninguna documentación al respecto que acredite que efectivamente ha adoptado estas medidas, habiendo suprimido esta exigencia en los procesos de selección que siguen la actualidad.

No obstante, la Agencia concluye que no consta en las actuaciones que haya rectificado la información relativa a estos procesos o el proceso de registro en su aplicación móvil, el contrato que se suscribe con los interesados.

Por ello, la agencia pública le insta también a efectuar las aclaraciones oportunas en la información en materia de protección de datos personales que facilita a los interesados, en relación con la naturaleza que se atribuye a la intervención en el tratamiento de los datos por parte de Accurate Background, Inc. y Amazon Development Centre (India) Private Limited y sobre las circunstancias que sirven de base a las transferencias internacionales de datos.

A este respecto, se advierte que la no atención de los requerimientos de este organismo puede ser considerado como una infracción administrativa grave al “no cooperar con la Autoridad de control” ante tales requerimientos, pudiendo ser valorada tal conducta a la hora de la apertura de un nuevo procedimiento administrativo sancionador con multa.

Riesgo para las libertades

Según Jeimy Poveda, consultora y experta en derecho tecnológico, la normativa “hace referencia a determinados tratamientos de datos puedan entrañar un riesgo para los derechos y libertades de las personas” entre los que se encuentran los datos relativos a las condenas e infracciones penales y medidas de seguridad conexa, de ahí que el artículo 10 del texto legal opte por conferir la legitimidad de su tratamiento a las autoridades públicas o cuando exista una habilitación del Derecho de la Unión o una norma nacional que proporcione las garantías adecuadas, y por “asignar la custodia de los registros donde se inscriben estos datos también a las autoridades públicas”.

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Así, una vez sentado que el certificado de antecedentes penales que solicita Amazon Road supone una información relativa a las condenas penales de una persona física identificada y, por ende, un dato personal sujeto a las especiales garantías que establecen los artículos 10 del reglamento y la ley de protección de datos, procede examinar si existe una habilitación que permita que la entidad reclamada trate dicha información, señala la jurista.

La Agencia concluye que no existe una norma del Derecho de la Unión o una norma legal de nuestro ordenamiento que permita llevar a cabo el tratamiento de datos de antecedentes penales pretendido por la entidad reclamada, lo que justifica la sanción.

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